Las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023 relativas a la provincia de Córdoba han sido presentadas por los diputados nacionales del PP cordobés, Andrés Lorite y María de la O Redondo, y el senador, Fernando Priego. Se trata de una extensa lista que cuenta con 41 enmiendas.
María de la O Redondo ha comentado algunas de las enmiendas de los proyectos destacados como los 5 millones de euros para la ejecución de la segunda fase de la Variante Oeste de Córdoba tras la firma del convenio con la administración andaluza, los 54.9 millones de euros para la conversión en la autovía A-81 de la N-432 Badajoz-Córdoba-Granada, los 3 millones de euros para las actuaciones en cauces ante el riesgo de inundaciones, los 2.5 millones de euros para la nueva comisaría de Policía Nacional en Córdoba, y los 2.5 millones de euros para inversiones en la ciudad de Córdoba a través de su Ayuntamiento. «Desgraciadamente hay muy pocas novedades ya que, año tras año, el gobierno hace caso omiso de nuestras enmiendas y terminan no siendo ejecutadas. Parece que estamos asistiendo al día de la marmota«, ha afirmado la diputada, descontenta por la situación.
Con las 41 enmiendas realizadas, valoradas en 127 millones de euros, el Partido Popular pretende que el Gobierno aporte un suplemento a la inversión de 169 millones de euros establecida en Córdoba. «La justicia es dar a cada cual lo que se merece y Córdoba merece más. No podemos permitir que nos dejen como la cola de inversión de España», ha señalado Lorite.
El diputado ha definido los presupuestos como «muy mejorables» ya que, según considera, «Córdoba ha sido olvidada por Sánchez y su Gobierno una vez más, las inversiones realizadas hablan por sí mismas». Los miembros del partido popular han destacado que la media de inversiones realizadas en España es de 319 euros por habitante, sin embargo, en Córdoba los presupuestos solo alcanzan los 218 euros, es decir, 100 euros menos por cada habitante.
Además, el grupo popular ha señalado que existe una segunda discriminación hacia Córdoba por parte del Estado, ya que en materia de ejecución también se está dando una desigualdad. Según los datos del mes de agosto, en España la ejecución presupuestaria media es del 38% mientras que en Córdoba es de un 10%, hecho que Lorite ha calificado como «indignante».
Priego, por su parte, ha comentado que «los cordobeses de la provincia somos discriminados, simplemente, porque a Pedro Sanchez le conviene que los grupos separatistas-nacionalistas y pro-etarras le sigan apoyando para llegar al final de su legislatura. Deberían garantizar nuestra movilidad, nuestro desarrollo económico y nuestra seguridad».
Por otro lado, el diputado nacional del PP cordobés ha dedicado unos minutos a responder a las declaraciones de Rafaela Crespín, la número dos del grupo socialista en el Congreso, en las que afirmó que «los presupuestos de La Junta para el año 2023 discriminan a la provincia de Córdoba». Lorite ha contestado que estas declaraciones «caen en el ridículo» ya que «los presupuestos de la Junta traen una inversión de 488 euros por habitante, una cantidad mucho mayor que la aportada por los Presupuestos Generales. Sus argumentos son insostenibles».
Además, Lorite también ha enviado un mensaje a Raquel Sanchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, apelando al diálogo con los representantes del sector transportista que han convocado un paro indefinido de su sector a partir del lunes 14 de noviembre como medida de protesta. «Espero que no cometa el mismo error que en marzo. La sociedad ya lo está pasando lo suficientemente mal como para que ahora tengamos un nuevo episodio de paro de transporte con los efectos nocivos que, como ya conocemos, supone», ha destacado el diputado.
Por último, el senador del partido socialista ha concluido expresando su disconformidad ante el compromiso mostrado por el Gobierno de España ya que asegura que «hasta ahora, solo han anunciado medidas, se han echado las fotografías para quedar bien y han dejado desamparados a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos para que asuman el coste de las medidas que imponen. No podemos permitir que esto siga así por más tiempo».
