La medida clave para frenar el COVID-19 en España ha sido el confinamiento obligatorio. Esto es lo que ha permitido frenar tanto la curva de contagios como el incremento de las muertes diarias. Creo evidente que el confinamiento obligatorio es una solución de brocha gorda; cuando ya no queda otra, es lo último que puedes hacer. Antes de ello, otros países han optado por tests masivos, controlar focos de infección o investigar la trazabilidad de los contagiados por el virus. Incluso, muchos de los que se inclinaron por todo eso, ni siquiera tuvieron que recurrir al confinamiento obligatorio que, dicho sea de paso, es una absoluta violación de las libertades y derechos individuales. Aunque en eso no entraremos hoy.
Estamos ahora en la primera semana de la segunda prórroga del estado de alarma que el Gobierno solicitó al Congreso. Se prevé una tercera prórroga hasta el 10 u 11 de mayo, precisamente, para poder seguir imponiendo el confinamiento. Casi dos meses encerrados en casa, con todo lo que ello acarrea a nivel económico, social o psicológico. Cada día de confinamiento que pasa nos hace más pobres. Después de cada día confinados, más difícil es que empresas puedan sobrevivir y que trabajadores mantengan su puesto de trabajo. Por ello, volver a la normalidad en cuanto sea posible es fundamental. El confinamiento debe acabar cuanto antes, siempre que no suponga ningún peligro o riesgo de repunte de contagios por el virus.
En este sentido, el gran problema es que cada región, es más, cada núcleo de población, vive una situación distinta respecto al COVID-19. No son las mismas circunstancias las que viven en Madrid, que las que vivimos en el resto de ciudades o pueblos de España. Pero no solo en lo referente al virus, sino también, en lo que tiene que ver con la economía. En grandes ciudades como Madrid, la tasa de desempleo o el nivel de salarios son muy distintos a los de los pueblos de la provincia de Córdoba o de Cádiz. Las consecuencias del parón económico son mucho peores en pueblos con más desempleo y con actividades menos productivas. Es por eso que las medidas a aplicar no pueden ser las mismas en ambos sitios. No puede ser que pueblos en los que no hay coronavirus, o que se recuperen antes o a mejor ritmo, carguen con las restricciones que se aplican en zonas donde el virus está muy extendido. Cada zona necesita una respuesta adecuada a sus circunstancias. ¿Qué le parecería si en Japón, donde ya han pasado el virus, se impusieran las mismas restricciones que en España, en un escenario donde las medidas se determinasen de forma global y centralizada? No tendría ningún sentido ¿verdad?
Es normal que por el momento no se haya pensado en ello. Los centros de decisión se encuentran en las grandes ciudades, que son núcleos de población donde el virus está más extendido que en los pueblos, donde además, la tasa de desempleo es menor y la productividad de la economía y sus salarios son más altos. El confinamiento allí tiene consecuencias económicas más leves que en los pueblos o ciudades de menor tamaño y con peor estructura económica. Aun así, no debemos olvidarnos de los más pequeños, de los que se encuentran en una peor situación.
La alternativa a esto es la toma de decisiones descentralizada. Si cada núcleo de población necesita unas medidas adecuadas a sus circunstancias, lo mejor es que los Órganos de Gobierno del pueblo o ciudad sean los que determinen las alternativas respecto al confinamiento, control del virus o flujos de movimiento. El Gobierno central debe de coordinar, apoyar y asesorar, pero la iniciativa y control debe de hacerse de manera descentralizada. El café para todos, es decir, imponer lo mismo a todos sin importar las condiciones de cada uno, solo hace más daño a las zonas más pequeñas y a los miembros más débiles.
