No han tardado los intervencionistas en aprovechar la crisis del coronavirus para buscar posibles culpables y posibles soluciones. Muchas veces se ha repetido ya, tanto en televisión como en redes sociales, que los recortes son los grandes causantes del posible colapso sanitario. La solución, evidentemente, es dotar a la sanidad pública de más recursos para evitar posibles coyunturas similares en el futuro. ¿Hasta dónde tienen razón?

En principio, no se equivocan en afirmar que los grandes profesionales sanitarios que están haciendo frente a esta situación no disponen de los recursos suficientes, incluso, para protegerse ellos mismos a la exposición del virus. En efecto, si esto no fuera así, no hablaríamos de problema sanitario o de posible colapso. Sin embargo, a partir de aquí, la consigna deja de tener sentido y razón. 

Primeramente, hay que decir que el gasto público en salud, en términos per cápita y absolutos, viene aumentando ininterrumpidamente desde el año 2013. Es más, según un informe editado en 2018 por el Círculo de la Sanidad, los recursos del sistema público se han mantenido o aumentado entre los años 2014 y 2016. Tanto el personal médico y de enfermería en atención especializada y primaria por cada mil habitantes, las camas hospitalarias en funcionamiento y puestos en hospitales de día por cada mil habitantes o quirófanos en funcionamiento y equipos de resonancia magnética nuclear por cien mil habitantes, han aumentado o al menos se han mantenido entre esos dos años. Aun así, creo que el debate va más allá de decir si ha habido o no recortes en el sistema sanitario público. 

Como digo en el título de este artículo, el verdadero problema del colapso no son los recortes; es el propio sistema. Que el Estado sea el mayor proveedor de la oferta sanitaria en España, es el gran problema de la sanidad. Es insalvable mientras que sea público, está condenado a la ineficiencia. Y, bien es sabido en este caso, que la eficiencia es muy importante, pues estamos hablando de la salud de las personas. Pero, ¿por qué tiene que ser así? ¿no hay más opciones?

Más allá de lo que se haga con el gasto público en España, más allá de corrupción y políticos ladrones, aunque la sanidad pública estuviera dirigida por Bill Gates, seguiría siendo ineficiente. La razón es porque no hay mercado libre, ni por tanto precios, para la mayoría de la oferta pública española. Como ya comenté en alguno de mis artículos, el sistema de precios es la mejor forma de transmisión de información sobre las necesidades de las personas. Las empresas no necesitan saber el porqué de la necesidad de alguien, les basta con reconocer la subida o bajada de precios, provocada por el aumento o caída de la demanda para saber qué, cómo, cuándo, dónde y a quién han de proveer. Desde luego, este es el motor de la eficiencia. Además, no es un invento de los dioses del capitalismo ni de los grandes magnates; es algo que creó la humanidad entera y que ha sobrevivido durante miles de años como forma de coordinación, exactamente igual que con los idiomas. Vamos, lo que un seguidor de Hayek llamaría en orden espontáneo. 

No hay forma más rápida de conocer la demanda del mercado (formado por personas) que mediante los precios. Si el precio sube y los beneficios también, los empresarios saben que tienen que producir más. Si el precio y los beneficios bajan, entonces hay que dejar de ofertar ese bien y servicio y producir otro que la gente demande ahora. Simple, ¿no? Bueno, piense ahora, ¿cómo es capaz un político o gestor de saber cómo responder a la demanda sanitaria, si no se lo indica un precio? Igual tiene que recibir información de cada unidad de cada hospital, de cada gerente, o de las áreas de gestión provinciales, estudios… ¿cuánta información va ahí incorporada? ¿cuánto tarda en llegar y, sobre todo, en ser procesada hasta que se toman decisiones de asignación de recursos? ¿está seguro de que será más rápida y eficaz que el mecanismo de precios? Le aseguro que no. 

Además, esto está comprobándose en plena crisis sanitaria. Mientras que la oferta sanitaria colapsa, tenemos el caso de los supermercados. Estos, también han recibido un alto incremento en la demanda, incluso mayor que en el sistema sanitario, puesto que no todo el mundo va al hospital, pero sí todos al supermercado. Sin embargo, mientras que el Estado nos obliga a hacer cuarentena durante quince días (como mínimo) para no colapsar el sistema de salud, los supermercados aseguran que no haya desabastecimiento y multiplican su producción. Véase, por ejemplo, el caso del fabricante de gel de manos de Mercadona, que ha aumentado en veinte veces su producción. Incluso, los empleados de algunos supermercados están cobrando primas de hasta el 20% por estos agotadores días. Menuda comparación. 

Más aún, en lo que refiere a financiación y disponibilidad de recursos, el sistema de precios vuelve a batir al sistema público. Imaginemos un mundo donde la oferta sanitaria en España fuera privada. Ahora, supongamos que aumenta la demanda de servicio sanitario. Consecuentemente, sabemos que los precios y beneficios se disparan como respuesta. Esto no es solo una señal para que competidores entren a ofertar más, sino que también lo es para que inversores pongan a disposición sus ahorros en ese sector. Así, de manera automática, vía ventas y financiación a través de los mercados financieros, las empresas de salud en España podrían disponer de todos los recursos necesarios para atender la demanda. Justo como pasa en casi todos los sectores de la economía. De esta forma, nadie tendría que sobrar, nadie tendría que morir por falta de recursos. 

La ineficiencia que acumula el sector sanitario hasta hoy, manifestada principalmente en las listas de espera, no es culpa de los recortes. Que no haya recursos es una consecuencia normal de que no haya precios; los gestores no pueden conocer con exactitud el estado de la demanda y tampoco pueden financiarse de manera rápida y suficiente. Esto se agrava aún más en momentos donde la información fluye muy rápidamente, como con el coronavirus donde, además, la respuesta también necesita ser muy rápida. Aquí, las empresas e inversores (cualquier persona con ahorros, también la que está leyendo este artículo) tienen incentivos a jugarse su dinero por satisfacer una demanda. ¿Qué incentivo tiene el Estado cuando le es imposible financiarse y no puede responder a la demanda? ¿engañarnos con los datos? O mejor aún ¿obligar por la fuerza a todos los ciudadanos de un país a que no salgan de sus casas en quince días? 

De todo en la vida se aprende. Más todavía, de situaciones tan dramáticas como esta. Estoy seguro de que nadie en este país quiere verse en las mismas. Por ello, debemos de transformar el sistema de salud en España. Dejemos que oferentes y demandantes actúen de manera libre, que los precios fluyan, que haya financiación y que nadie quede atrás.