Uno de los debates que más se pueden equiparar a las dentelladas que genera la carnaza que se echa a las fieras hambrientas es el del sueldo de los políticos. Con solo mencionar este tema, las redes sociales comienzan a salivar deseosas de morder por donde más duele: el bolsillo. Cualquiera se cree capacitado para opinar sobre una cuestión de la que desconoce buena parte de las claves necesarias para entenderla en toda su amplitud y complejidad. Porque hablar del sueldo de los políticos es dar el primer paso para la construcción de discursos demagógicos en grado extremo, pero que llegan con suma facilidad a todo el mundo, porque el argumento es muy simple: “Ese tío gana un pastón sólo por salir en las fotos”, por ejemplo. Y a partir de ahí se genera tal ruido social que es imposible reconducirlo hacía las vías de la racionalidad.

Algo así, más o menos, es lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Córdoba, donde el alcalde, José María Bellido, se propuso alcanzar un acuerdo por unanimidad para que todos recuperasen sólo una parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años con un incremento del 3,7 por ciento en unos sueldos que no se han actualizado en los últimos años.

Como se ha dicho, fue poner este asunto sobre la mesa, simplemente para dejarlo solventado al inicio del mandato y que no contaminase dentro de un tiempo el funcionamiento del Ayuntamiento, e inmediatamente se escucharon voces a favor y voces en contra hasta que rápidamente fue guardado en el cajón de los asuntos pendientes. Pero unas y otras voces no se correspondían de forma rigurosa con los dos bloques enfrentados en que se sientan los concejales en el salón de Plenos, no. La división de los bandos se hizo entre quienes han gobernado y quienes no.

Como defensores de la subida estaban PP, PSOE e IU, mientras Ciudadanos y Vox decían que sí, pero que, bueno, hay otras cosas que hacer. Los dos concejales de Podemos, fieles a la marca de la casa morada, tiraron de argumentario populista y reclamaron antes una subida a todos los trabajadores y a los pensionistas.

Los argumentos dados de forma conjunta por PP, PSOE e IU en defensa de la subida están cargados de toda lógica y se resumen en que para prestar un buen servicio desde lo público tienen los políticos que estar bien pagados. Por razones fácilmente entendibles este dato no trasciende, pero cuando una formación elabora una candidatura y busca fichajes del sector privado tiene muchos problemas, porque se piensan muy mucho si les compensa ganar menos dinero para realizar una actividad expuesta a la crítica pública. 

Los sueldos de los políticos municipales están regulados por la Ley de Bases de Régimen Local, que establece que el alcalde de una ciudad como Córdoba no debe cobrar más de 95.000 euros brutos anuales y lo que Bellido recibe son 59.635 euros, una cifra muy alejada de la marcada por la normativa estatal. Para que sirva de ejemplo, la muy populista alcalde de Barcelona, Ada Colau, acepta de buen grado los 100.000 euros brutos, antes de la pose del donativo a la ONG de turno, como si un alcalde de otro signo distinto entrega dinero a Cáritas. Me da igual. 

Claro, Bellido no es Colau, ni Córdoba es Barcelona. En cambio, el socialista Juan Pérez, alcalde de Lucena, cobra 52.000 euros brutos al año, poco menos que su homólogo de la capital, cuando todos sabemos que Lucena no es Córdoba.

El portavoz de IU, Pedro García, señaló esta semana en defensa de la subida de los salarios para los concejales que en el Ayuntamiento de Córdoba hay más de 200 trabajadores que cobran más que el propio alcalde y que lo mismo sucedía en los organismos que él presidió, como la Gerencia de Urbanismo o Sadeco.

Ahora, pues, toca serenar los ánimos y afrontar el asunto con realismo, porque el servicio público que se ejerce desde el Ayuntamiento tiene que estar abierto, como merecen los cordobeses, a los mejores y estos no se pueden quedar en su casa por la razón de que perderían dinero. Todos hablaron de reflexionar sobre esta cuestión, pero buscar el momento para reabrir el debate va a ser más difícil que llegar a un acuerdo.