Corría el año 2006, en concreto el 23 de noviembre, y en la sede de la Conferencia Episcopal Española, calle Añastro número 1 de Madrid, se votaba con 63 votos a favor, 6 en contra, 3 abstenciones y un voto nulo la denominada como Instrucción pastoral “Orientaciones morales ante la actual situación de España”.

 Corría el año 2006 y en la citada Instrucción se formulaba como principal propósito el “decir una palabra sosegada y serena que […] ayude a los católicos a orientarse en la valoración moral de los nacionalismos en la situación concreta de España”. Es más, se insistía en un dato tal como que “[…] es necesario partir de la consideración ponderada de la realidad histórica de la nación española en su conjunto”.

 Corría el año 2006, y con una claridad meridiana, la citada Instrucción afirmaba: A) “Ninguna de las regiones actualmente existentes, más o menos diferentes, hubiera sido posible tal como es ahora, sin esta antigua unidad espiritual y cultural de todos los pueblos de España”. B) “La unidad histórica y cultural de España puede ser manifestada y administrada de muy diferentes maneras. La Iglesia no tiene nada que decir acerca de las diversas fórmulas posibles”. (La “C” se pasa al párrafo siguiente por su importancia).

 C) “La Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las posiciones nacionalistas que, sin recurrir a la violencia, por métodos democráticos, pretendan modificar la unidad política de España. Pero enseña también que, en este caso, como en cualquier otro, las propuestas nacionalistas deben ser justificadas con referencia al bien común de toda la población directa o indirectamente afectada. Todos tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Si la coexistencia cultural y política, largamente prolongada, ha producido un entramado de múltiples relaciones familiares, profesionales, intelectuales, económicas, religiosas y políticas de todo género, ¿qué razones actuales hay que justifiquen al ruptura de estos vínculos? Es un bien importante poder ser simultáneamente ciudadano, en igualdad de derechos, en cualquier territorio o en cualquier ciudad del actual Estado español. ¿Sería justo reducir o suprimir estos bienes y derechos sin que pudiéramos opinar y expresarnos todos los afectados?”.

 Corría el año 2006 y, con una claridad meridiana, la citada Instrucción recordaba unas palabras de San Juan Pablo II a los Obispos italianos allá por el año 1994: “Es preciso superar decididamente las tendencias corporativas y los peligros del separatismo con una actitud honrada de amor al bien de la propia nación y con comportamientos de solidaridad renovada’ por parte de todos. Hay que evitar los riesgos evidentes de manipulación de la verdad histórica y de la opinión pública en favor de pretensiones particularistas o reivindicaciones ideológicas”.

 Corría el siglo pasado y un tal Gilbert Keith Chesterton enseñaba: “Cristo jamás utilizó una sola frase que hiciera depender su mensaje del orden social y político en el que vivió”.

 Post data. Ayer domingo 1 de octubre, el periodista católico José Francisco Serrano Oceja venía a preguntarse en su columna en el diario ABC: ¿Ética de máximos o ética de mínimos? “El que tanga oídos, que oiga” (Mt 13, 9).