En los últimos 30 años han tenido problemas judiciales por financiación ilegal o algún tipo de corrupción todos los partidos que han detentado el gobierno de España o alguna Comunidad Autónoma: el PSOE, el PNV, CIU y Coalición Canaria.

Los más minoritarios como Izquierda Unida, que apenas ha gobernado pequeñas ciudades, tienen una antigua alcaldesa de  Manilva acusada de 30 delitos. Podemos, que acaba de llegar, ya tiene a varios concejales imputados en la Comunidad de Madrid y múltiples sospechas de trato económico preferente a cooperativas y a asociaciones participadas por sus dirigentes. Les recomiendo el video de Iñigo Errejón que circula por la red aconsejando a sus fieles montar todo tipo de chiringuitos financiados con dinero público para cuando pierdan el poder en el Ayuntamiento de Madrid.

Y en los países de nuestro entorno también: CDU y SPD en Alemania; RPR, UDF, Partido Socialista, UMP y otros, en Francia; Laboristas y Conservadores en Inglaterra… En Suecia, uno de los grandes mitos de la democracia la corrupción salpicaba el año pasado a un exministro de Finanzas y a una de las novísimas empresas tecnológicas, como es Tesla.

Con esto no pretendo justificar nada sino describir que en casi todas las organizaciones políticas del mundo occidental, en países democráticos, Estados de Derecho avanzados, también  cuecen habas, y se repiten los problemas que estamos viendo aquí.  De lo que pasa en China, en Rusia, en Irán o Venezuela no vamos a hablar porque lo que para nuestro entorno es una penosa excepción allí es una “norma institucionalizada”.

La diferencia en Occidente con respecto a los regímenes totalitarios es que aquí la justicia actúa contra los culpables y los ciudadanos depuramos en las urnas responsabilidades políticas cada cuatro años.

Ayer el PP recibía una mala noticia, personas que un día estuvieron bajo sus siglas, o desde fuera aprovecharon su cercanía,   eran condenados por delitos de corrupción y/o  blanqueo.

Y al Partido Popular se le hace responsable civil subsidiario por  importe de 245.000€ como partícipe a titulo lucrativo de  ilícitos electorales en el año 2003 producidos en dos municipios de Madrid, pero sosteniendo el voto particular del propio Presidente del Tribunal que “el PP ha ido a juicio como partícipe a título lucrativo, una figura procesal que señala al que sin haber participado ni conocido el delito sí se ha beneficiado de sus consecuencias. Por lo tanto, el PP sería «ajeno a cualquier relación con la actividad delictiva que aquí se enjuicia. […] Hay que partir de su total ausencia de participación en los hechos delictivos y su desconocimiento de los mismos».

En base a estas consideraciones, y a esa calificación de la que se puede deducir que no cabe ni siquiera esa responsabilidad, la actual dirección nacional del PP ha anunciado recurrir ante el Tribunal Supremo. Por lo que, en principio, esta pequeña responsabilidad civil tampoco es firme.

Pero,  “ojo al dato” que diría el famoso locutor deportivo, al PP nacional sólo se le acusa de ese hecho. Que lejos de los delitos y  cantidades defraudadas del PSOE de Filesa, 1.200 millones de las antiguas pesetas, donde la sentencia que juzgó el caso decía textualmente “No se olvide que la pretensión de quienes organizaron las referidas empresas era la de ayudar a la financiación de las elecciones electorales de 1989, las Generales y las Europeas, de tal modo que como esa financiación suponía la conculcación del artículo 149 de la Ley Orgánica 5 de 1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, aunque el delito electoral se cometiera presuntamente por otras personas, era indudable una inicial finalidad ilícita si el fin último de la actividad societaria buscaba, directa o indirectamente, la conculcación de un precepto penal.”

Por ello, y ante el órdago lanzado por el líder del PSOE con el registro de una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy, resulta de justicia resaltar que a día de hoy ningún juzgado o tribunal ha condenado por delito alguno, ni siquiera en sentencia que aún no sea firme,  ni al Presidente del Gobierno y del PP, ni a ninguno de sus actuales Ministros o de los que lo fueron en la anterior legislatura, tampoco ninguno de ellos está en condición de imputado en cualquier pleito penal. Pero es que, salvo error, creo que igual ocurre con la actual Dirección Nacional del  Partido. Y por supuesto con las direcciones regional andaluza que preside Juanma Moreno o la provincial cordobesa de Adolfo Molina.

En mí condición de militante de este partido desde hace más de 25 años, orgulloso de haber formado parte de sus listas electorales con el apoyo popular de decenas de miles de cordobeses, todos los episodios de corrupción por debilidades de la condición humana  que han rodeado en el pasado a antiguos dirigentes, y que ahora salen a la luz, me producen la misma sensación de reproche social y amargura interior que a los actuales dirigentes, a los militantes y a los ciudadanos en general.

Por eso creo que desde las distintas direcciones del Partido se debe pedir perdón, tantas veces como sea necesario, por los errores de no haber tenido más tino al seleccionar algunos cargos públicos o vigilarles mejor en su acción de gobierno.

Pero también se debe pedir a los adversarios políticos respeto. Y se debe hacer desde la convicción y con el bagaje de ser los impulsores y gestores en los últimos 6 años de las medidas legislativas y gubernativas más importantes en la lucha contra la corrupción política y administrativa en España.

Respeto también a los votantes, que hace apenas dos años confiaron en el Partido Popular como la minoría mayoritaria en el Congreso de los Diputados, y por ende,  llamado a conformar y liderar el gobierno durante esta legislatura.

Y respeto a los acuerdos parlamentarios, que hace tan sólo unas horas han permitido, con el consenso de la mayoría absoluta del Congreso,  dotar a este país de unos Presupuestos Generales que al gobierno de Mariano Rajoy le corresponde gestionar.