Esta semana hemos iniciado un primer contacto con el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas. Los datos del Ministerio del Interior, basado en el número de denuncias, muestran un significativo aumento en el último año, coincidiendo con el confinamiento y continuación del estado de alarma. La movilidad reducida entre provincias y comunidades ha permitido que la ocupación delictiva haya visto una oportunidad sobre todo con las denominadas segundas residencias. Las medidas antidesahucios dictadas a golpe de decreto ley durante este estado de alarma también ha favorecido a quienes no merecen tal protección.

Sorprende, no obstante, acercarse a este fenómeno y hacerlo desde distintos frentes para tener una mayor perspectiva. A poco que se  tire de tire de hemeroteca  sobre las últimas noticias al respecto, se encontrará en los medios de una línea editorial de izquierdas cómo el tratamiento de la misma es de minimización del problema, incluso en la local. Puede, por el contrario, que el asunto quede amplificado en otra prensa de signo contrario. Y es esa una primera dificultad para hallar noticias veraces al respecto. En cuanto a las denuncias, no suponen un termómetro real de la situación. Primero porque la ley establece diferencias entre la figura del allanamiento y la usurpación, y el uso de la vivienda violentada marca gran parte de esta diferencia. Segundo porque no todo el mundo denuncia. En el podcast El Coro de esta semana nos quedaba constancia de ello con varios testimonios, el de un letrado que denunciaba la lentitud de la Justicia en estos procesos y sobre todo el del gerente de la empresa Desokupa, Daniel Esteve, que explicaba con detalle cómo un gran número de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contrataban sus servicios para solucionar sus propias ocupaciones. El mundo al revés.

Por otra parte también hemos constatado que el fenómeno de la ocupación en el casco histórico cordobés en la actualidad está en retroceso. No así en Lucena, donde se creó hace meses una mesa municipal para tratar el problema que afecta a la localidad lucentina. Ambos extremos ponen a su vez sobre la mesa carencias que van más allá de lo que pueda regular una determinada ley. Por una parte, la carencia de programas específicos para revitalizar el casco histórico y evitar su despoblación que suele dar pie a la ocupación ilegal. Por otro, y así lo manifestó el presidente de la mesa lucentina, Jesús López, el reto que supone crear más vivienda de carácter social ante una realidad cada vez más patente: la crisis actual  daña a los propietarios que no pueden hacer frente a una hipoteca y a los inquilinos que no les alcanza para pagar el alquiler. Y son las administraciones las que deben hacer frente a esta situación que padecen cada vez más familias.

También, como no puede ser de otra forma, abordar este asunto supone sufrir la ligereza con que los partidos políticos lo utilizan demagógicamente para culpar a entidades financieras, adversarios de siglas o a la propia ciudadanía que a costa de esfuerzo , y no de especulación, cuentan con dos o más propiedades.

Y lo más preocupante de ello es que, desde un gobierno, se pueda atacar a uno de los principales derechos democráticos y liberales como es el derecho a la propiedad. La prioridad debería ser, por supuesto, dar respuesta a mucha gente que se puede ver, literalmente, en la calle. Y que en su ánimo no está el ocupar sino vivir con dignidad.