El próximo día 9 finalizará el estado de alarma que venimos arrastrando desde el pasado mes de octubre y la mayoría de las comunidades autónomas han pedido al Gobierno que prorroguen este estado de alarma ante la incertidumbre jurídica y legal que produce tener que limitar derechos fundamentales, como el de movilidad, en las próximas fechas ante el empeoramiento o rebrotes serios de la pandemia.

Hasta ahora el Gobierno se ha venido negando a tal solicitud sobre todo porque creen que este verano no será como el anterior entre otras cosas, porque ya existe un importante número de población vacunada. Las decisiones sobre posibles toques de queda y confinamientos delimitados queda en manos de los jueces, a los que tendrán que acudir las administraciones autonómicas para poder o no ejercer tales medidas. Más allá del estado de alarma y en este contexto son tres las leyes que regulan la salud en España: la Ley General de Salud Pública de 2011; la Ley General de Sanidad de 1986; y la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Esta última precisamente por su carácter de Ley Orgánica es la que puede o no permitir los confinamientos ya que solo las leyes de esta naturaleza las que pueden limitar derechos fundamentales. El Consejo de Estado ha advertido de lo escuetas que pueden llegar a ser estas leyes por “falta de concreción en diversos aspectos”. También avisó dicho órgano consultivo de la necesidad de modificar la legislación o elaborar una nueva en este contexto. El Gobierno ha estado más ocupado, no obstante, con la educación y la eutanasia. Y dando carta blanca a los piquetes de una huelga en el último BOE.

El final del estado de alarma nos coloca en una nueva casilla de salida ante la pandemia del coronavirus aunque con algunas más armas sanitarias que el verano pasado. También nos muestra una realidad que no es precisamente agradable: nuestro gobierno no ha sabido, o no ha querido, dar respuesta a la adaptación de un corpus jurídico sanitario que en la mayoría de las ocasiones, salvo en 2011, ha nacido más de la teoría y la necesidad legislativa que de la práctica real. En más de un año. Y con miles de víctimas mortales en las estadísticas. Lo paradójico es que además toda la responsabilidad recaerá, de nuevo,  sobre los jueces y su aplicación de la ley más que sobre los sanitarios y sus criterios técnicos.

El futuro de los españoles en esta pandemia ya no solo dependerá de en qué comunidad autónoma vivan, qué vacunación tiene esa comunidad y cómo se gestionan sus hospitales, sino de qué jueces permitirán o no un confinamiento selectivo en caso de ser requerido. Un futuro que ya está también en los objetivos de Pedro Sánchez, pero más en la aplicación de la ideológica Agenda 2030 o en el escenario tras las elecciones madrileñas que en seguir trabajando de manera efectiva y con todas las garantías legales en la lucha contra el Covid19.