El instrumento del indulto ha sido utilizado por todos los gobiernos de la reciente historia democrática de España. Para evitar arbitrariedad en su aplicación la jurisprudencia fijó en 2013 los requisitos para llevar a cabo esta medida de gracia.

Por ello, la decisión del gobierno de España de indultar a los líderes del llamado “proces” independentista catalán será sometida a control judicial tras los recursos planteados por los partidos constitucionalistas con legitimación procesal. Y será la Justicia quién decidirá su ajuste a Derecho. La cuestión tiene enorme trascendencia pues estamos ante uno de los mayores ataques al orden constitucional español tras el cometido por grupos militares el 23F de 1981.

Respecto a la valoración ciudadana de la decisión política lo que queda claro es que quienes hoy han decidido activar la medida del indulto, el gobierno del PSOE con su presidente a la cabeza,  prometieron lo contrario cuando pidieron el apoyo de los españoles en las elecciones generales de 2019.

El escenario resultante a la medida de gracia incide en la división de los partidos políticos en dos opciones respecto al problema catalán: los que siguen manteniendo la defensa del Estado de Derecho y la aplicación de las sentencias, y quienes por mor de sus equilibrios políticos en las instituciones democráticas optan por  revisar sus promesas electorales y buscar caminos de excepción jurídica para contentar a los independentistas catalanes.

En los primeros, y liderados por la plataforma cívica Unión 78 se encuentran los partidos que asistieron a la manifestación de Colón: PP, CS y VOX. Y muchos militantes y simpatizantes socialistas que no comulgan con el camino emprendido por el Presidente  del Gobierno.  Todos, desde su pluralidad, comprometidos en la defensa de la Constitución del 78 y,  por tanto, en que la soberanía nacional reside en el pueblo español.

Los segundos, son los que conforman el bloque Frankestein que sostiene al gobierno de Pedro Sánchez,  incluyendo desde  fuerzas políticas constitucionales como el PSOE hasta opciones manifiestamente contrarias a la Constitución y la unidad de España, como Bildu y la CUP, cuyos líderes en más de una ocasión han justificado incluso el uso de la violencia ilegítima contra los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Para construir el relato que otorgue valor a la medida gubernamental se ha recurrido durante estas últimas semanas al apoyo de determinados grupos de presión catalanes. Y cada uno se ha retratado como ha considerado.

Sin embargo, a quien no se consulta es al verdadero soberano: al pueblo español. Ni se recurre a un referéndum que valide tan trascendente decisión ni mucho menos se ofrece a los españoles volver a votar en elecciones generales para que valoren con su voto el cambio de criterio del gobierno y el principal partido que lo sustenta.

Ante  tal situación, las fuerzas políticas constitucionalistas que sí son coherentes con lo que prometieron en la última concurrencia electoral nacional, bien podrían aunar esfuerzo en apoyo al relato de Unión 78 en  defensa del orden constitucional. E incluso dar un paso más y ofrecer a los españoles la palabra. Ese servicio a España lo podrían dar los presidentes de algunas Comunidades Autónomas como Andalucía o Castilla León, adelantando un año las correspondientes elecciones autonómicas, dando continuidad a la expresión de libertad y respeto constitucional manifestada recientemente  en las urnas por los madrileños.   Ello permitiría, aunque fuese de forma parcial, que los españoles pudiesen decidir tras tantos “cambios de criterio” de quien hoy lidera el PSOE.