La semana que acaba ha sido clave para conocer posiciones que despejan dudas, si es que alguna vez las hubo. Quién es quién y qué defiende de verdad. La futura ley de Patrimonio, por ejemplo, ha sido uno de los asuntos que han merecido crítica, opinión y posición. En el Ayuntamiento, el equipo de gobierno ha presentado alegaciones a la misma, entre otras cosas, porque suponen un clara injerencia que se notará aún más en una ciudad como la nuestra, con patrimonios materiales e inmateriales. Y sobre todo, no les quepa ninguna duda, con una Mezquita Catedral que sigue siendo el claro objetivo de las zarpas públicas (de izquierdas) que se ahogan en la bilis de comprobar cómo una excelente gestión ‘privada’ no solo redunda en el propio monumento patrimonial sino en la dimensión humanitaria, social y caritativa que sus gestores ejercen. Demasiado para los que imponen una moral relativista y además derrochan el dinero del contribuyente.

Sobre la injerencia que supondría esta nueva ley/asalto se ha manifestado así mismo el obispo de la diócesis cordobesa, que con un espíritu más liberal que religioso ha dicho que «se parece a los países dictatoriales, en los que no puedes respirar sin permiso del Estado». Y no le falta razón. Una injerencia que además supone un ataque a las propias autonomías y sus diferentes estatutos. A ver ahora qué dicen aquellos que desde un extremista e identitario andalucismo, casi separatista, defienden también la expropiación del monumento cordobés. Una incoherencia que no solo no les pasa factura sino de la que viven en muchos casos cómodamente subvencionados, acostumbrados como están a decir impunemente una cosa y hacer la contraria. Son los mismos que juzgan con dureza en las redes sociales otros comportamientos cuando vienen de una orilla ideológica contraria, pero que no se aplican ellos mismos.

Con las revueltas cubanas ocurre un tanto de lo mismo. Hemos comprobado cómo se han comportado los políticos locales ante un asunto que no es baladí por cuanto la libertad y los derechos humanos de un país hermano están en juego. En unos plenos municipales que han visto a lo largo de su democrática historia cómo se han solicitado atenciones y posicionamientos para los saharianos, el pueblo palestino, contra los israelíes o el cambio climático, muchos de los que se ponen dignos con tales mociones callan sonoramente frente al sufrimiento del pueblo cubano. O se colocan firmes, claro, con el famoso ‘patria o muerte’ que queda muy bien dicho a miles de cómodos kilómetros de distancia, donde no faltan productos básicos ni la libertad de expresarse. 

Entre la falta de libertad de un país bajo una dictadura comunista y la proliferación de leyes como la de patrimonio en España no hay mucha distancia. Todo es cuestión de tiempo y de que los ciudadanos callen ante los recortes de derechos y libertades que bajo el amparo de ‘la ley’ se están produciendo. Por eso es importante que desde los ayuntamientos (también en el de Sevilla) se presenten alegaciones contra algo que afecta no solo al patrimonio cultural sino a ese patrimonio mayor que es la libertad. Para las otras cosas ya está la bancada pro-saharaui.