Levantado el estado de alarma, que no la crisis sanitaria, ya que el “bicho” sigue ahí en la calle, y aún no contamos con vacuna ni con un tratamiento que permita esperar la vacuna con tranquilidad, hay que pensar en “la desescalada” de la salida económica de la crisis provocada por el Covid19.
No es que no se hayan adoptado medidas económicas durante el periodo de alarma, que sí se ha hecho, unas más acertadas que otras, unas más necesarias y otras menos y algunas que aún siendo muy convenientes no se han adoptado, ni se les espera.
Pero ahora, nos encontramos con que ya es necesario reactivar la economía que se frenó de golpe allá por mediados de marzo, y con el condicionante de que no puede ser igual que antes, pues además de las medidas de seguridad que se han de adoptar de forma obligatoria por imposición legal, y aquellas otras que por iniciativa propia se adopten para garantizar aún más la seguridad personal de trabajadores y clientes, nos vamos a encontrar con otro freno que es el miedo (en algunos, porque en otros ya hemos visto que se consideran inmortales) a estar en lugares públicos concurridos.
Las empresas, que son las generadoras de empleo y riqueza en el país, se han visto obligadas durante este periodo a hacer frente a todos los gastos de estructura sin que prácticamente (y en algunos sin el prácticamente) hayan contado con ingresos, para lo que han precisado bien de restar beneficios o margen de seguridad, en el mejor de los casos, o de endeudarse a través de financiación, subvencionada o no, pues poca (o ninguna) ayuda a fondo perdido se ha dado a la empresa. Financiación que ahora hay que devolver, en una situación aún muy difícil, y que, en el fondo, supondrá el restar capacidad para poner en marcha el negocio y volver, al menos a niveles que cubran gastos y den para vivir al empresario.
Una de las medidas estrella en el estado de alarma han sido los ERTES (y los quieren derogar con toda la reforma laboral), que han permitido no tener que despedir trabajadores, lo que, además de incrementar el paro y la angustia en el trabajador, hubiese supuesto una mayor carga a la empresa en debilidad al tener que haber abonado indemnizaciones.
Pues justo ahora, en el momento de “despegar”, en unas negociaciones en las que patronal y sindicatos parecen entenderse y considerar necesario continuar con la vigencia de dicha medida, el gobierno se pone cicatero y quiere limitar la fecha de vigencia de los ERTES al 30 de septiembre, cuando muchas de las actividades a esa fecha aún no habrán podido casi desarrollarse a un 50%, haciendo que sea más costoso para la empresa el mantenimiento de los trabajadores en ERTE de lo que ha venido siendo hasta ahora. No siendo momentos de reestructuraciones pues se supone que estamos ante circunstancias coyunturales.
Cierto es que el gobierno tampoco ha podido ni va a poder dar mucho dinero, pues no lo tiene, y ha de esperar que Europa “eche una mano” y que luego se sepa gestionar ese dinero en el momento en que nos encontramos y para lo que es, no para cuestiones ideológicas, pero no es menos cierto que determinadas medidas se han de tomar con vista a más largo plazo.
La consecuencia de ahogar a la empresa en el “despegue” es similar a si sobrecargamos el avión en ese momento y no puede levantar el vuelo: se producirá el accidente y provocará una catástrofe. Si para reiniciar una actividad, absolutamente condicionada y con mayores gastos por las medidas de seguridad a adoptar en garantía de trabajadores y clientes, se exige un sobre esfuerzo, lo más probable es que aquellas empresas que no puedan “levantar el vuelo” se van a ver abocadas a cerrar, con diversas consecuencias, entre ellas con la pérdida de trabajadores que engrosarán las listas del paro, y la de la ruina de muchos pequeños empresarios que han arriesgado todo su patrimonio, al ponerlo en garantía de su negocio, y que también se van a quedar sin ingresos.
Pero la racanería del gobierno en la negociación del mantenimiento de los ERTES provocará que lo que pretende ahorrarse ahora con dejar de pagar el paro y no percibir la contribución a la Seguridad Social, sea inútil cuando con el cierre de la empresa, se vea obligada, de nuevo, a tener que atender la prestación por desempleo, ahora sin perspectivas prontas de recuperación del empleo pues ya la empresa no existe y no despegará, y dejará de ingresar la Seguridad Social, también de forma definitiva y total, no como ahora que con los ERTES parciales ya la empresa comienza a asumir parte de ese coste. Y, además, todo ello se verá incrementado con que las indemnizaciones por extinción de la relación laboral, ante la más que segura insolvencia de una gran parte de las empresas que se vean abocadas al cierre, tendrá que hacerlas efectivas el FOGASA, de nuevo con cargo al erario público, con lo que el contribuyente acabará pagando más, en contra de los que piensan que mantener los ERTES será añadir más carga sobre el sufrido contribuyente.
Por ello, en estos momentos, deben olvidarse esas ideologías estereotipadas de que todo lo que sea ayudar a la empresa es malo, contrario a su lucha, pues, a la larga, a quien se perjudica es al trabajador, a la clase media, que se queda sin trabajo y sin expectativas de encontrarlo ya que no habrá quien lo ofrezca, pues quien lo hace se habrá arruinado y no podrá, en algún tiempo, volver a crear riqueza y generar empleo.
Todo ello sin analizar las graves complicaciones y dificultades que por vía concursal o de segunda oportunidad el empresario se va a encontrar, pero eso da para otra reflexión mucho más extensa y profunda.
