Llevamos tiempo, mucho tiempo, en que partidos de izquierdas, fundamentalmente Podemos, pero también PSOE, se dedican a vetar a VOX, de forma expresa, y al PP de forma tácita, en cualquier ámbito de negociación que se pueda iniciar (expresión irónica, pues solo ha existido negociación con el bloque Frankenstein), tomándole el pelo a Ciudadanos, que en su loable ánimo de apartar al gobierno de relaciones que tienen como fundamento la ruptura del régimen del 78 y de la unidad de España, ha sido usado como un clínex.

Es curioso que se vete la opinión de un partido como VOX, que (que yo sepa), al día de la fecha, desde su fundación, no ha realizado ningún acto contrario a la Constitución ni ha apoyado con sus manifestaciones actos delictivos contra el Estado o sus ciudadanos, y que se encuentra amparado por el voto, nada más y nada menos que de 3.656.979 españoles, medio millón más de apoyos que incluso del socio de gobierno PODEMOS y no digamos de ERC (874.959) o EH Bildu (277.621) que si están por la labor, expresamente manifestada, de derribar el Estado que nos dimos todos los españoles con una mayoría abrumante, olvidándose de los mecanismos legales que el sistema democrático tiene establecido para ello, si se entiende oportuno y, que además, cuentan entre sus filas con condenados por delitos de terrorismo o de sedición, que nunca han sido reprobados por dichos partidos.

Cómo bien ha expresado nuestro Tribunal Supremo recientemente, en su resolución por la que se revocaba el tercer grado a los condenados por el “proces”, España es un país con tan alta protección de las libertades, que no hay ninguna norma que impida defender criterios contrarios incluso a la Constitución, con absoluta libertad ideológica, lo que en España se persigue son los hechos delictivos que se pueden cometer en defensa de esa ideología, que es lo que han hecho los actuales socios del gobierno. Es decir, el gobierno gobierna (es mucho decir) con el apoyo de quienes no respetan las normas democráticas y quieren imponer su ideología por encima de dichas normas, esto sí que son actos fascistas. Sin embargo, estos políticos que todo se lo justifican vienen a decirnos que no negocian con partidos fascistas, sino ejemplos de demócratas, y se apoyan en la falacia de llamar “facha” a todo el que se opone a la imposición de su pensamiento único, aún cuando no haya una sola razón que pueda justificar tal imputación.

Como los números no engañan, las últimas leyes, incluidos presupuestos, se han aprobado, no sólo en contra, sino incluso sin escuchar la opinión de más de 10.350.000 de votantes. El gobierno que pide unidad y responsabilidad lo único que hace es dividir y enfrentar.

Pero, no sólo se justifica cualquier alianza, sino que el político de turno se olvida de quién le ha elegido, de tal suerte que lo único importante, parece con su actitud, es conseguir permanecer en el poder, manteniendo su propio status, sin importarle el mandato recibido ni la defensa de los intereses de quienes les han votado y a quienes representan.

¿De verdad que a los 31 diputados andaluces (25 PSOE y 6 PODEMOS), les parece bien todas las concesiones hechas a Vascos y Catalanes? No me refiero a las concesiones políticas, que allá cada cuál, sino a esos 40.000 millones de euros de más que se han llevado por el Sí a esos presupuestos. 40.000 millones que se restan a otras Comunidades, entre ellas Andalucía, que, creo, no está como para regalar un solo céntimo, sino, más bien, para recibir más apoyo si, realmente, se busca una armonización y un verdadero equilibrio entre todos los ciudadanos del Estado español.

Lo malo es que ya nos hemos acostumbrado a este juego y que cuando vuelvan las elecciones no nos acordaremos del olvido sufrido por nuestros representantes de defendernos, sino que los volveremos a votar para que sigan manteniendo su puesto de privilegio a costa de nuestro esfuerzo y trabajo.

Es evidente que mientras no exista una Ley Electoral que de forma cierta haga responder al político electo ante quien le vota, de forma personal y no amparado en unas siglas, y que el reparto de los escaños sea verdaderamente proporcional a los ciudadanos y no a los territorios, será difícil alcanzar un verdadero sistema de representación, mientras tanto los ciudadanos seguiros siendo las patatas del filete y la comparsa necesaria para mantener el circo.