No hace ni una semana el gobierno veía como absolutamente necesaria una prórroga de la declaración del estado de alarma por un mes más que, supuestamente, debía estar fundado en la necesidad de coordinar medidas sanitarias a nivel nacional para seguir combatiendo la pandemia. Dada la falta de apoyos de grupos parlamentarios para dicha proposición, accedió a rebajar el plazo de la prórroga a quince días, si bien dejaban ya en el aire la posible necesidad de volver a interesar otra prórroga más para culminar el proceso de desescalada.
Hasta tal punto era necesaria esta prórroga que, a pesar de que con los votos de PNV y Ciudadanos era suficiente para obtenerla, la coalición gubernamental social comunista alcanzó un acuerdo con Bildu (si, con Bildu, el sustento y refugio político de ETA) para, nada más y nada menos, que en plena crisis derogar “íntegramente” la reforma laboral introducida en su día por el Partido Popular y que sirvió como tabla de salvación al empleo en la anterior crisis económica.
Esta negociación se hace a espaldas de la oposición, partidos que sustentan el gobierno, organizaciones empresariales, sindicatos, e incluso de gran parte del propio gobierno, hasta el punto de que cuando se hace público el acuerdo, miembros (de los pocos solventes que hay) de ese gobierno se apresuran a salir en público para manifestar su oposición e indicar que no es el momento de afrontar tal derogación, máxime cuando no se cuenta con una propuesta alternativa que no sea volver al pasado, a una regulación que se demostró ineficaz para la creación y mantenimiento del empleo.
Con esa propuesta de derogación “íntegra” de la reforma laboral, entre otras cosas, se llevaría a cabo la derogación de los ERTES, medida que la propia ministra de trabajo (de Podemos, militante de Izquierda Unida y del PCE) ha llegado a calificar como la medida estrella para salvar muchos puestos de trabajo, llegando incluso a darnos una “lección” (tipo Barrio Sésamo) de que los trabajadores incluidos en los ERTES no eran trabajadores en paro, sino a la espera de la reapertura de la actividad empresarial.
Aunque, sinceramente, lo que más he echado en falta ha sido ver y oír a esos votantes del PSOE, que se rasgan las vestiduras porque la derecha sale a la calle a protestar por una nefasta gestión de la crisis, al menos lamentarse (condenar ya parece que sería una utopía) que “su” gobierno negociara con quienes han dado cobertura a los asesinos de muchos inocentes, una buena parte de ellos militantes de ese partido.
Pues bien, después de todo esto, de caer tan bajo de negociar innecesariamente con Bildu, este fin de semana (sólo dos días después de obtener la prórroga del estado de alarma en el Congreso) nos dice el Sr. Sánchez que algunas Comunidades Autónomas saldrán del estado de alarma “en los próximos días” y que “una posibilidad que se maneja es reducir de dos semanas a una la duración de cada fase en las zona que mejor evolucione de la emergencia sanitaria”.
En definitiva hay que preguntarse si realmente era necesaria la prórroga del estado de alarma y si, efectivamente, había razones sanitarias tan graves que no pudieran solventarse con la aplicación de otras normas menos invasivas en los derechos de los ciudadanos.
Ante esto y los múltiples vaivenes de las decisiones de estos meses, con razón, la ministra de Medio Ambiente francesa recomienda evitar España para las vacaciones ante las medidas contradictorias de Pedro Sánchez.
Mucho me temo que no son razones sanitarias las que mueven a este gobierno, sino meras razones políticas para desarrollar su plan. No son tan torpes como se les imputa. Todo lo contrario, tienen muy claro qué es lo buscan y lo están desarrollando de una forma perfectamente programada.
Podemos observar cómo todas las medidas que se van perfilando, de gran calado, van en la dirección del programa de gobierno suscrito en su día por PSOE y Podemos y ya tenemos a la vuelta de la esquina el ingreso mínimo vital, que aumenta el gasto social en unos tiempos donde, precisamente, lo que no habrá son ingresos para sostenerlo. Pero para este gobierno la solución es fácil: subir los impuestos a la clase media y media alta (después vendrá la reducción del salario a los funcionarios), pues, por mucho que se empeñen en ir contra las grandes fortunas, éstas, cuando se siente amenazadas, tienen la suficiente capacidad para huir del lugar y acampar en “países más tranquilos”.
Creo que ha llegado el momento no ya de protestas en la calle, que también, (ahora con las debidas medidas de seguridad) o de discursos grandilocuentes (aún cuando no faltos de razón y sentido) por parte de la oposición, sino que es necesario que quien tiene que arriesgar su patrimonio y el de su familia para reactivar esta economía hundida, y a la que cada día se le pretende echar más carga encima, también hagan oír su voz y sus condiciones para hacerlo, pues como en todo contrato no todos los beneficios han de ser para una parte, sino que han de ser repartidos (lo que los juristas llamamos el sinalagma), al igual que las obligaciones.
Y si el gobierno no quiere escuchar a empresarios, emprendedores y autónomos, y si sólo se les va a imponer obligaciones y cargas, a lo mejor ha llegado el momento de tomar medidas para que ese riesgo que ha de ser asumido para crear riqueza y trabajo, se haga de otra forma, con muchísima cautela, con el freno de mano puesto, lo que reducirá la actividad y con ello el empleo, pero que salvará su patrimonio y familia, y que sea el gobierno el que cree esa riqueza, lo que es de todo punto increíble como la historia ha demostrado, o es eso lo que quieren, llegar a la total intervención de la economía.
