Volvemos a oír, curiosamente cada vez que nos gobierna el PSOE (ya empezó Alfonso Guerra con ello) que Montesquieu ha muerto, refiriéndose a la división de poderes propugnada desde dicho político-pensador, que, se supone, nos protege del autoritarismo del gobernante.
Cuando ya uno de los tres poderes, el legislativo, está muerto y casi enterrado por el ejecutivo, pues sólo ante las reformas que requieren mayorías cualificadas tiene algo de contrapeso con el gobierno, nos encontramos, ahora, con un ataque frontal y sin cuartel para acabar con el poder judicial.
Lo de que el poder legislativo y su control sobre el ejecutivo ha desaparecido no hay nada más que ver como se han aprobado las últimas Comisiones en el Congreso para investigar la supuesta corrupción de partidos políticos, donde se han protegido los que gobiernan con su mayoría, pensando, supongo, en aquello de que hoy por tí, mañana por mí y vamos a levantar todo el polvo que se pueda en las filas de la oposición para ocultar las vergüenzas del gobierno y sus adláteres.
Nos dice el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, copia literal del 117 de la Constitución, que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley, añadiendo en su artículo 13 que todos están obligados a respetar la independencia de los Jueces y Magistrados.
Es evidente, o al menos a mí me lo parece, que esto del sometimiento a la ley no esta hecho para los que nos gobiernan, y así ellos la interpretan y aplican como les viene en gana, pues con sus “poderes”, han ido obviando el mandato constitucional de respetar la independencia de Jueces y Magistrados y, cada vez que pueden, ejercen toda su fuerza para “colocar” a sus afines en los puestos de transcendencia judicial para asegurarse la interpretación y aplicación de la norma en el sentido que más les interesa, por eso temen tanto estar bajo la jurisdicción de un Juez o Magistrado libre e independiente.
Pero si no puedo estar más de acuerdo en que hay que oponerse al “atraco” que se quiere hacer a la independencia judicial, como última garantía del ciudadano frente al poder del ejecutivo, y con la clara oposición que desde las organizaciones de jueces y magistrados se hacen frente a esta intención, también creo que es necesario que esos mismos órganos controlen y obliguen a cumplir el mandato de ser independientes y responsables a los Jueces y Magistrados, porque parte de lo que ha ocurrido y está ocurriendo viene produciéndose por no haberse levantado la voz cuando se han estado atacando a la independencia judicial desde dentro, por aquellos que juegan sus intereses particulares de promoción en la carrera, “pegándose” al poder político.
Si bien la propia Constitución (artículo 127.1) prevé mantener alejados a Jueces, Magistrados y Fiscales en activo de cargos públicos y de pertenencias a partidos políticos o sindicatos, no es menos cierto que nunca se ha cerrado la puerta de atrás para volver a la carrera judicial. Clara muestra de ello la tenemos en la actual Fiscal General del Estado, que salió de la carrera fiscal para integrarse en un gobierno como ministra, para volver a ejercer la máxima autoridad en la Fiscalía después de acreditar una clara ideología e intereses y amistades políticas. Como tantos otros.
Tengo muy claro que toda persona tiene su ideología y sus preferencias políticas, sea cuál sea su profesión, vocación o actividad personal, pero hay algunos que por ese cargo que ocupan, como son los Jueces, Magistrados y Fiscales, deben abstenerse de mostrarlas en público, al menos de forma ostentosa y, por supuesto, mucho menos plasmarla en sus resoluciones judiciales.
Por eso, cuando leo Sentencias y/o Autos de Jueces en los que se hacen valoraciones políticas, critican la gestión del político, o simplemente, muestran sus opciones personales, pienso que no se está juzgando de forma independiente y con sometimiento exclusivo a la Constitución y a las leyes, sino que se está resolviendo bajo un prisma personal y en base a sus creencias y echo en falta que desde los superiores (si ya queda alguno) se les hagan los reproches que tal actuación merecen, pues me parece muy difícil que si desde dentro del Poder Judicial, en base a su estructura, no se vigilan estas actuaciones, después se pueda exigir independencia por ataques que venga desde fuera, pues la mujer del César no sólo tiene que serlo sino que parecerlo.
En definitiva, si el propio Poder Judicial se calla ante quienes utilizan la puerta de atrás para volver a la judicatura a mantener su poder político, o ante manifestaciones personales en resoluciones judiciales, él mismo está cavando su propia sepultura dando más poder a quienes quieren acabar con la división de poderes.
