Nuevamente, el Sr. Sánchez, cual mago de cabaret, ante una comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del estado de alarma por él decretado, y de la situación de la pandemia, se saca de la chistera un paquete de ayudas, que a la larga no son ni ayudas ni un paquete.

Como al Sr. Sánchez le da pánico, absoluto pavor, tener que reconocer situaciones críticas y dar cuenta de sus actos ante los demás órganos democráticos de control del poder ejecutivo, cuando ya no tiene más remedio (y mira que procura que sea poco) que acudir a sede parlamentaria, le encanta sacar un conejito blanco de la chistera para hablar de otras cosas que no sea de su nefasta gestión de la crisis y de todos los efectos que se derivan de la misma: muertes, contagios, crisis económica …

En la última comparecencia en el Parlamento, después de unos pocos de meses sin dar señales de vida, más allá de mítines, dice que el gobierno va a sacar ahora 11.000 millones de euros para ayudas a las empresas y autónomos, pero …. hasta ahí puedo leer.

Ningún desarrollo, ningún detalle, hasta el punto de que hasta los ministros de economía y hacienda, se vieron sorprendidos sin saber a qué podía referirse el Sr. Presidente. Parece que no hay ningún plan. Sólo un anuncio. Noticia vacua que ahora, servida la distracción, se intentará rellenar, como lo fue en el anuncio de las “primeras ayudas”, que finalmente fueron avales, en condiciones difíciles de cumplir para quienes tenían problemas, ya que el dinero debía de prestarlo la banca, que, por cierto, tiene la costumbre (así se lo exige su negocio) de reclamar que se le devuelva, por lo que de ayudas, nada de nada. Llamémosle de otro forma si quieren, pero la ayuda es otra cosa.

Ayuda es lo que ha hecho Alemania: A todos los autónomos de los sectores más afectados por las medidas para la contención de la pandemia, se les aprobaron una serie de ayudas directas y a fondo perdido (es decir, no hay que devolverlas) que fueron cobradas en apenas 72 horas.

Entre estas medidas destaca aquella que les adelanta el 75% de la facturación respecto a la que tuvieron durante el ejercicio 2019, con la única condición de que el negocio se viese afectado por las medidas que debían adoptarse por la pandemia, de tal forma que si el autónomo factura durante las medidas Covid por debajo del 25% se garantiza lo que consiga más el 75% y si obtiene más del 25% de facturación, la ayuda se reduce en la misma medida en que exceda de ese 25%, es decir, si factura un 40% percibe un 60% de ayuda. Nadie va a percibir menos de un 75% de lo que hubiera generado en 2019, pudiendo quedar igual. Y, repito, a fondo perdido, sin necesidad de endeudarse más.

Pues bien, en España, por supuesto que esta posibilidad de ayuda ni por asomo. No están los bolsillos del Estado para ello, ya que hay que llenar otros muchos que nunca se verán afectados. No conozco ninguna reducción de gasto público (no hablo de inversiones), ni muchos menos reducción de sueldos de políticos y asesores. Todo lo contrario en algunos casos, sino que lo pregunten en la diputación de Córdoba.

Pero ¡cuidado!, quizás nuestra legislación no vaya por ahí y sí que haya medios para recuperar los daños causados, y estuviesen diciendo que habría de haberse pensado en ayudas directas del tipo alemán.

Nuestro/s gobierno/s quizás no estén por la labor de buscar la manera de poder dar las ayudas directas a las que nos venimos refiriendo, pero sí que pueden verse compelidos por los Tribunales a indemnizar a todo aquél que se haya visto perjudicado por las medidas Covid adoptadas, que le hayan arruinado o semiarruinado el negocio.

No olvidemos que siendo España un país muy garantista de los derechos de los ciudadanos (Sí, Sr. Iglesias, tenemos una de las mejores democracias del mundo a pesar de Ud. y de otros como Ud.), y para medidas de limitación de derechos, como es el estado de alarma, sí que prevé estas indemnizaciones, basadas precisamente en el no deber jurídico de soportar las medidas de acuerdo con la Ley, y así el ya olvidado (por el tiempo transcurrido de su aplicación) artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, nos dice que quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados (se refiere a los de alarma, excepción y sitio) sufran, de forma directa o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en la leyes.

De esta forma, lo mismo no se quieren dar ayudas directas, pero sí que puede venir un aluvión de reclamaciones a por esas “directas indemnizaciones”, que, como siempre, costarán más caras y además no servirán para mantener la situación de la empresa, sino que muchas de ellas serán para cubrir “su entierro”.

Sólo habrá que pedir que los tribunales sean rápidos en la tramitación de estos procedimientos y valientes a la hora de interpretar la norma y no se amparen o se vean condicionados por el dictado del artículo 106.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que permite a la Administración pedir árnica en el cumplimiento de Sentencias que pudieran producir trastornos graves a la Hacienda Pública, con lo cual, a pesar de todo, como siempre, lo acabaría pagando el inocente ciudadano.